El Club Atlético Los Andes informa sobre el estado de situación económica vinculado con el pago de obligaciones salariales que la
entidad tiene con empleados de distintos ámbitos laborales, como forma de aclarar informaciones falsas, incorrectas y/o incompletas
provenientes del sindicato Utedyc seccional Sur -impulsora de los
conflictos que afectan a la entidad- que circularon en distintos medios de comunicación y generan incertidumbre en las socias, socios e hinchas que sostienen a la institución.
La Comisión Directiva que asumió hace tres meses se encontró con un escenario de severa crisis económica y financiera que fue expuesta en contactos públicos y abiertos con la prensa y asociados realizados en las instalaciones del club. Se informó al detalle sobre el retraso en los pagos de jugadores, deudas financieras que imposibilitaban el desempeño del fútbol profesional -principal actividad del club- y un sinfín de conflictos individuales con prestadores de servicios y concesionarios de espacios institucionales.
En cada caso se avanzó en soluciones basadas en el diálogo, con la
firme convicción de que la sustentabilidad de la entidad es la única forma de garantizar su futuro. En ese contexto es que se informó de lo inviable de las cuentas, con balances negativos en todos los años y ecuaciones en la relación ingresos/egresos que explicaron la situación de gravedad actual.
Los Andes tiene ingresos por 600 mil pesos mensuales en concepto de cuota societaria y cuenta con 35 empleados enrolados en el gremio Utedyc que requieren de egresos en salarios netos de 1 millón 437 mil pesos. El promedio de un sueldo en esta institución sin fines de lucro es de 40 mil pesos al mes, con categorías de máximo nivel, a pesar de haber sido deficitaria en todos los balances de los últimos cinco años.
Como corresponde a un empleo registrado, a esta cifra se le deben sumar los más de 800 mil pesos mensuales en concepto de cargas sociales. Como arrastre de otros períodos, el club acarrea una deuda en ese ítem mayor a los 9,5 millones de pesos, sin contar el costo de los honorarios de los abogados que intervinieron en el juicio que el gremio le realizó al club. La carga es pesada e inadmisible.
Existe en la actualidad una negociación en el marco legal del
Ministerio de Trabajo bonaerense, donde se analizaron los términos de la aplicación del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), cuya presentación fue anunciada públicamente el 29 de julio de 2019 en una conferencia de prensa abierta en la que participaron socias, socios e hinchas, y que fue referida en la página oficial de la institución un día después, ya que dicha acción había sido aprobada por la Comisión Directiva.
Más allá de notificaciones personales a los delegados, el club presentó el 28 de agosto por Mesa de Entradas del sindicato Utedyc la promoción del PPC que la institución realizaría recién una semana después. Nunca los representantes de los trabajadores pidieron una instancia de diálogo para poder realizar el inevitable saneamiento de las cuentas del club sin conflicto por medio.
El viernes 20 de septiembre, el Ministerio de Trabajo notificó al Club Los Andes de la aprobación del PPC, a partir de la presentación completa de los argumentos que verificaron la crisis profunda en materia económica y financiera, con balances negativos desde el año 2014 hasta el ejercicio pasado. Se adjunta el documento oficial que fue entregado por las autoridades bonaerenses.
El sindicato de Utedyc asistió ese mismo día a la sede administrativa de Lomas de Zamora dependiente de la cartera laboral pero nunca les trasladó dicha información a los empleados del club que representa.
Más grave aún es la decisión que mostró el sindicato de evitar un
espacio de negociación en el período de diez días que se abrió el 20 de septiembre, cuando quedó establecido el PPC. Dicha instancia ingresó en las últimas horas, y una vez finalizada dejará firme la decisión del Ministerio en todos sus términos.
En el medio, y alejado de la ley, realizó medidas de fuerza que fueron constatadas en el ámbito administrativo correspondiente, exponiendo a un grupo de trabajadores a ser responsables de la ilegalidad del conflicto.
A nadie se le escapa que un club de fútbol, que está conformado como una sociedad civil sin fines de lucro, vive del aporte de socias y socios, y de la concurrencia a los espectáculos deportivos de parte de una parcialidad que quiere ver al equipo profesional de fútbol, principal atracción y generadora de ingresos económicos. A esto hay que sumarle la realidad de Los Andes, que lejos de su historia y de su grandeza como institución, transita por una categoría que reduce los ingresos en concepto de televisación y otros aportes.
La Comisión Directiva cumple con la promesa de campaña de no embargar el futuro del club: el plantel profesional se adecúa al presupuesto destinado al fútbol, sin más gastos que los que pueden solventar los ingresos surgidos del contrato con la AFA. Y existe un claro compromiso y respeto con las actividades, gran motor de la vida social del club, cuyos fondos recaudados se destinan al funcionamiento de las mismas.
La propuesta fue equilibrar las cuentas y ser serios en la
administración porque el club es de los socios. Como sucede en una
familia, en donde se invierte lo que se tiene, sin hipotecar el futuro de los hijos, en nuestra gran familia que es Los Andes se aplica el mismo concepto porque se merece que respetemos su futuro.
La intransigencia de un reclamo gremial, que no mide consecuencias en la supervivencia del club, y que pone en duda partido a partido la concurrencia del público local deja en situación de víctima indefensa a los empleados que día a día realizan su trabajo dentro del marco legal, ya que la recaudación genuina de la institución no llega nunca con las puertas cerradas y afrontando de todos modos un costoso operativo
policial. Y también las consecuencias inevitables las pagan socias, socios e hinchas que no pueden ver a su Los Andes querido.
Por eso aclaramos que Utedyc seccional Sur miente cuando dice que nunca fue notificado de la presentación del PPC por parte de la Comisión Directiva. Miente cuando niega y no le informa de manera correcta a los trabajadores sobre la vigencia del PPC. Miente cuando impide el cobro parcial de los salarios, el total de jornales reclamados o el plan de pagos semanal ofrecido por la institución. Miente cuando dice que el club está cerrado al diálogo. Miente cuando lleva engañados a un pequeño grupo de empleados a sostener un conflicto ilegal.
Un club de puertas abiertas tiene que ser responsabilidad de todos. Si se cortan los ingresos, el perdedor es Los Andes y sus dueños, que son las socias, socios e hinchas. Sólo gana la irracionalidad y la mentira.
